Que las mujeres podamos acceder a una vivienda digna es esencial para construirnos un futuro de apoyo y seguridad que nos permita desarrollarnos vitalmente, pero este requisito se vuelve cada vez más inalcanzable dentro del modelo económico patriarcal en el que vivimos.

La brecha salarial entre mujeres y hombres provoca que, a pesar de tener una nómina, nos resulte muy difícil y a veces imposible acceder a una casa. El alto precio de los alquileres y de los suministros básicos nos obligan a depender de otras personas para poder contar con un techo lo cual se considera un derecho humano básico para la vida.

Este limitado acceso a una vivienda digna es un problema grave. Resulta muy preocupante comprobar que la crisis de la vivienda sigue sin resolverse en España, dejando desamparadas a miles de personas, a tal grado que la cifra de desahucios ejecutados en 2018 puede equipararse a los peores años de la crisis, alcanzando hasta 165 lanzamientos judiciales al día, uno cada 5 minutos.

Así lo evidencia en su web la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), un movimiento social surgido en 2009, que agrupa a personas susceptibles de sufrir un desahucio o ya lo han sufrido, que tienen problemas para solventar sus hipotecas, y en general, a personas que defienden el derecho a una vivienda digna.  

En total, en 2018 se ejecutaron 42175 desahucios, de acuerdo con el último informe del Consejo General del Poder Judicial, (más de 70 mil según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, como siempre los datos reales superan los que se reconocen legalmente). Es importante recordar que detrás de estos desalojos hay personas, familias, menores, mayores. Historias que no siempre podemos conocer porque no existen estadísticas con datos desagregados para conocer el impacto real de la crisis de la vivienda, así como el impacto específico sobre las mujeres.

Ya desde 2006, antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, la ONU advertía que el acoso inmobiliario en España era particularmente grave pues no se registran situaciones tan inhumanas en el mundo desarrollado, como los que ocurren en este país. A su vez la Comisión Europea inició en 2016, un procedimiento de infracción al Estado Español por no garantizar el derecho a una vivienda digna de las personas.

En su más reciente informe La crisis de la vivienda no ha terminado, publicado en 2017, Amnistía Internacional alerta sobre que las mujeres estamos más expuestas a sufrir un desahucio por impago de alquiler debido a las condiciones de desigualdad existentes en el mercado de trabajo capitalista: la tasa de desempleo entre las mujeres es de un 20% y  72% de las mujeres sólo puede acceder a empleos a tiempo parcial. A lo anterior hay que sumar el hecho de que más del 80% de las familias son monomarentales, lo que significa que están encabezadas por mujeres. El 28% de ellas reside en viviendas de alquiler.

Estos datos reflejan la extrema vulnerabilidad de las mujeres y la desprotección ante la violencia de las dictaduras del capital y el patriarcado. Por eso, Amnistía Internacional urge a los gobiernos, para que los desahucios sean calificados como un modo más de violencia de género.

Sin embargo, esta circunstancia no entrará en las estadísticas. El miedo a ser expulsadas del último refugio que es el hogar es una forma de maltrato psicológico sobre las mujeres que, en muchas ocasiones, está induciendo al suicidio.

De acuerdo con la Plataforma Stop Desahucios, activa a raíz del Movimiento 15M, Amaia Egaña fue la primera mujer, víctima de desahucio, que se suicidó después de ser desalojada de su vivienda en Barakaldo, Bizkaia, en el año 2012.

Desahucios en Euskadi

Uno de cada cuatro desahucios en Euskadi es por impago de alquiler. El 16% de los desahucios en Euskadi correspondió a ejecuciones hipotecarias, según el Consejo General del Poder Judicial, que ofrece datos también por comunidades autónomas.

Para octubre de 2018, en Euskadi se habían realizado 172 desahucios en 2018, afectando un número aproximado de 639 inquilinos. Catalunya encabeza las cifras de personas desahuciadas de sus viviendas, con 1.738 personas expulsadas, sólo durante el primer semestre de 2018.

En los últimos cuatro años se han contabilizado al menos 170 mil desahucios en el estado, según el citado informe de Amnistía Internacional, donde también resalta que España es, de todos los Estados de la OCDE ( Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), el que tiene la peor relación entre el precio de la vivienda y los ingresos. Esto significa que en ningún otro país de la OCDE los ingresos se han quedado tan rezagados respecto a los precios de la vivienda como en España.

Está claro que todas estas cifras no reflejan el panorama completo. Los datos públicos sólo expresan la distribución territorial de los desahucios, pero no hay información disponible sobre el número de personas afectadas: no se sabe cuántas de ellas son mujeres, hombres, menores, personas adultas, víctimas de violencia de género, personas extranjeras o con alguna diversidad funcional, o si como consecuencia de los desahucios y los desalojos, ha aumentado el número de personas sin hogar. Los datos estadísticos ni siquiera distinguen la vivienda de otras propiedades, como plazas de garaje o locales comerciales.

El derecho a la vivienda, al igual que otros derechos económicos, sociales y culturales, no está debidamente protegido en la Constitución ni en la legislación ordinaria. Las juezas y jueces no examinan la vulnerabilidad de las personas inquilinas sujetas a procedimientos de desahucio, al momento de ordenar ejecutar un desalojo de personas de sus respectivas viviendas.

Desde las organizaciones de la sociedad civil se puede contribuir para convencer al tribunal de que suspenda el lanzamiento durante un mes aproximadamente, o para prolongar el plazo mientras se busca un alojamiento alternativo, pero la suspensión es sólo una medida discrecional tras la determinación del fondo de la causa.

Esta desproporción en las disposiciones judiciales relativas a los desalojos de la vivienda, tiene efectos especialmente perjudiciales para las mujeres, pues nos mantiene en el lado inferior de la brecha de la desigualdad.

Mujeres víctimas de violencia machista sin prioridad en el acceso a la vivienda

Con arreglo a la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, las mujeres víctimas de violencia de género deben considerarse prioritarias en la asignación de prestaciones sociales y ayudas a la vivienda.

En la encuesta sobre violencia de género realizada por el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad en toda España en 2015, unas 556.000 mujeres afirmaron que habían sufrido violencia de género en ese año.

En el caso de Madrid, se presentaron 5.810 solicitudes de orden de protección, de las que se aceptaron 2.954. Eso significa que de todas las mujeres de Madrid que dieron un paso adelante y denunciaron la violencia ante los tribunales el 49.2% vio inadmitida o rechazada su solicitud y, por tanto, no obtuvo acceso prioritario a una vivienda social.

Es preciso que las políticas públicas aborden la discriminación estructural hacia nosotras las mujeres en el acceso a una vivienda digna. Entre otras cosas, las mujeres víctimas de violencia de género y aquellas que encabezan familias monomarentales suelen enfrentarse a obstáculos particulares para el disfrute de este derecho debido a múltiples capas de desigualdad, al empobrecimiento relativo y a la falta de acceso a recursos económicos y sociales.

Mujeres unidas por una vivienda digna

Es muy importante que las mujeres nos organicemos colectivamente para visibilizar los obstáculos que nos impiden tener un hogar y para exigir alquileres asequibles y justos.

Somos conscientes de que los problemas con la vivienda son la expresión de una realidad social compleja causada por factores políticos, económicos y culturales, por esto, es necesario que ocupemos las calles, el 8 de marzo y todos los días del año si fuera necesario, para garantizar una casa digna y habitable para todas; para exigir que la vivienda no sea un negocio sino un derecho real.